Medicamentos y Prescripciones
Crece la preocupación por las deudas de las obras sociales y su impacto en la salud pública

(Buenos Aires).- Hubo recorte en las prestaciones, falta de cobertura en medicamentos y demoras de varios meses para conseguir un turno. La crisis de IOMA y PAMI impactan en el Hospital Interzonal.

Falta de cobertura en medicamentos. Recortes en las prestaciones. Tratamientos que no se autorizan. Deudas del Estado con las obras sociales. Riesgo de que muchos afiliados se queden sin cobertura. Demoras de meses en los turnos. Y saturación en el Hospital Interzonal. Las frases pintan el presente de la salud pública y las obras sociales en Mar del Plata y son el reflejo de una problemática que no encuentra solución: la preocupación es cada vez mayor.

El corte en las prestaciones de IOMA que se produjo la semana pasada y dejó a 80 mil afiliados sin cobertura y la pelea judicial entre la obra social de los empleados municipales – OAM- y el Ejecutivo por una deuda, no hicieron más que poner en superficie un problema que viene de arrastre.

La baja en algunas prestaciones del PAMI, las complicaciones en la Obra Social de UPCN y el funcionamiento a medias del Sanatorio Bernardo Houssay (ex Emhsa), son otros factores que condicionan la realidad de la salud en la ciudad.

Desde la asociación para la defensa, educación e información al consumidor, Consumidores Argentinos, alertaron por un crecimiento en las últimas semanas en los reclamos referidos a salud. “Es una situación cada vez más crítica en la ciudad y en la región en un servicio tan básico y esencial como lo es la salud”, señalaron.

La problemática en las obras sociales tiene un impacto directo en el sistema público ya que se recargan las tareas en los hospitales, que preferentemente están destinados a la atención de personas sin cobertura social privada.

“Vemos que el HIGA tiene una alta derivación en atención de personas por problemas en su obra social, con alta internación de personas afiliadas a PAMI, superando aun su propia cápita, aun en situaciones que corresponde a clínicas privadas”, afirmaron.

Un párrafo aparte merece la cobertura de medicamentos por parte de PAMI. En algunos casos, para renovar la cobertura del 100% solicitan un informe social: los turnos para acceder al informe superan los seis meses.

Además, desde Consumidores Argentinos confirmaron que desde PAMI se ha reducido la cobertura de prestaciones vinculadas a la rehabilitación y las referidas a la atención domiciliaria, como también la posibilidad de traslados para poder acceder a estos servicios.

“El corrimiento del Estado de las mayor parte de las actividades viene generando situaciones críticas, dejando al mercado que imponga su orden, pero en la salud existen valores que no pueden dejarse librado a decisiones comerciales, presupuestarias o de falta de recursos”, consideraron desde la Asociación.

Además, hicieron hincapié en “la angustia e indignación que se le provoca a los usuarios cuando se ve afectado su tratamiento médico, su medicación o se le interrumpe su rehabilitación”. “Es violatoria de derechos y es algo que desde nuestra organización podemos ayudar a resolver con reclamos y acciones judiciales, pero que debería evitarse y resolverse desde el Estado como política prioritaria”, finalizaron.

Deuda con los psicólogos

La deuda de IOMA con los psicólogos supera los dos meses y ese fue el motivo por el que desde el Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires (Colpsiba) anunció no gestionar nuevas autorizaciones y que los nuevos pacientes abonen la consulta.

A principios de febrero el Colegio había enviado una nota a la gobernadora María Eugenia Vidal solicitándole que “arbitre los medios que estime corresponder para que los encargados del control de asistencia, en cada una de las áreas a vuestro cargo, cumplan con la legislación vigente”.

El conflicto de IOMA

La deuda que IOMA mantiene con sus prestadores fue motivo de una medida de fuerza a principios de marzo. Durante tres días, los 80 mil afiliados que tiene la obra social en la ciudad se quedaron sin cobertura. En caso de necesitar atención médica, debían pagar su consulta.

Desde la obra social aseguraron que la demora en los pagos se debe a “un nuevo sistema de pagos para lograr una mayor transparencia y un control más eficiente de la administración”.

“En el marco de la transición entre el sistema anterior y el nuevo -con las particularidades técnicas que todo pasaje de esta naturaleza supone- “los pagos de IOMA para sus prestadores continúan saliendo y no han sido interrumpidos”, aseguraron desde la obra social.

Poco después, se produjo la renuncia del director de IOMA local, Agustín Neme, quien adujo motivos personales.

OAM vs. Arroyo

El conflicto entre OAM y el municipio está en la Justicia. Poco tiempo atrás, la Obra Asistencia Mutual denunció penalmente al intendente Carlos Arroyo por los delitos de administración fraudulenta, malversación de fondos públicos e incumplimiento a los deberes de funcionario público. ¿El motivo? Una deuda millonaria correspondiente a los aportes aportes patronales.

La respuesta del intendente Carlos Arroyo no tardó en llegar. “Mi administración no debe un peso por deuda por retenciones relacionadas con las prestadoras de salud de los empleados municipales”, afirmó.

Mientras la situación se dirime en la Justicia, el presidente de OAM admitió que, por la deuda que mantiene el municipio con la entidad, la necesidad de disminuir gastos podría implicar la reducción de servicios y un corte en el ingreso de afiliados.

Además, también señalaron que evalúan pedir una audiencia con la gobernadora María Eugenia Vidal y realizar manifestaciones en el municipio para “exigir los pagos” correspondientes.

La prepagas suben y suben

El fuerte aumento en las cuotas de medicina prepaga es otro de los temas más polémicos a la hora de hablar de salud. El Gobierno autorizó una suba del 4% que se suma a la fuerte suba que hubo en 2017. En total, a lo largo del año el precio de los planes de salud creció un 27%.

Esta situación ha sido motivo de acciones judiciales y reclamos de parte de las organizaciones de consumidores por la falta de transparencia en la fijación de los precios.

Fuente: La Capital