(Córdoba).- El día viernes 16 de Agosto se ha publicado la presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba, de una solicitud de procedimiento preventivo de crisis para empresas de salud de la Provincia (clínicas y sanatorios) que habilitaría a las mismas a modificar las condiciones de trabajo de sus empleados.
Las clínicas más complicadas son aquellas que tienen al Estado como principal financiador, ya que el 85% de sus ingresos proviene de la atención a APROSS, PAMI, cuyos pagos están significativamente desfasados en tiempo y en actualización de montos de aranceles y honorarios.
Ocho mil trabajadores de toda la provincia se verían afectados por esta inestabilidad y el sistema sanitario debilitado impactará también en el debido cuidado de la salud de la población que sin duda se verá comprometido.
Los profesionales que utilizamos insumos para nuestra tarea diaria, en particular Bioquímicos, que dependemos de reactivos para diagnóstico in vitro cuyos precios están atados al valor del dólar, difícilmente podrán sostener el stock necesario para la respuesta sanitaria a la demanda habitual.
Desde hace años la fuerte depreciación arancelaria que ha provocado un desfinanciamiento tanto en empresas prestadoras de salud como en profesionales que ejercen de manera liberal e independiente en pequeños o medianos laboratorios, empuja a una crisis que es obligación afrontar con ayuda de los Estados Nacional, Provincial y de los financiadores de la salud (obras sociales y prepagas)
Como prestadores de salud nuestros financiadores son principalmente el estado (APROSS y PAMI), y el resto de obras sociales y prepagas, estando sujetos a aranceles rígidos, definidos casi unilateralmente por los financiadores, con escasa elasticidad para la negociación y que no aumentan en proporción a los indicadores económicos ni de los aumentos que el mismo sector ha impuesto a sus afiliados. Si además los insumos para realizar las prácticas están indexados a precio dólar, ya que en la mayoría de los casos se trata de productos de importación, resulta imposible lograr un equilibrio que permita sostener los servicios.
Los fondos que reciben las prepagas y las obras sociales, quienes han aumentado de manera ininterrumpida los aportes o cuotas a sus afiliados, no se trasladan a de manera proporcional a los aranceles que pagan las mismas a sus prestadores.
Para quienes ejercen dependiendo de insumos para diagnóstico, el IVA es un factor que impacta fuertemente. Las prestaciones de salud gozan de exención de IVA para los usuarios de obras sociales. Sin embargo, el prestador está obligado a pagar por sus instrumentales e insumos alícuotas de 10.5 y 21% de su valor de venta respectivamente. Este IVA no computable es un sobrecosto que se suma a este agravamiento.
Ante la falta de recomposición arancelaria de las prácticas bioquímicas por parte de las prestatarias y la dificultad de adquirir los insumos necesarios para realizar los análisis bioquímicos por el alto costo, los laboratorios, de seguir así la situación, no podrán asegurar la prestación de los servicios esenciales para la salud de la población ni sostener honorarios y/o salarios de profesionales que acompañan en la tarea dentro de un laboratorio.
Se debe implementar una acción de descompresión que permita continuar con las actividades y evitar el cierre de establecimientos. La salud en Córdoba se presta de manera equilibrada entre el sector público y privado, equilibrio que no podrá sostenerse por mucho tiempo si no se implementan prontas acciones.
El diálogo con los organismos de la administración pública es fundamental y urgente, el mismo debe incluir a la representación de todos los sectores involucrados.
Consejo Directivo CoBiCo
Fuente: Diagnostics News
