(Villa Maria).- Una disputa que se trasladó al terreno judicial tiene como protagonista a un laboratorio de Villa María. Se trata de un planteo realizado por Pablo Gornitz, presidente del Directorio de Laboratorio Gornitz SA, por el cual solicita que el Colegio de?Bioquímicos de Córdoba no tenga injerencia en cuestiones de titularidad de la empresa.
Esa entidad colegiada tiene en sus disposiciones internas -estatuto y reglamento-, artículos en los que impone la obligatoriedad de que un bioquímico sea dueño de una empresa unipersonal o accionista, en el caso de las sociedades. Pasado en limpio, eso significa que Pablo Gornitz, no podría ser único dueño de Laboratorio Gornitz, la empresa fundada por su padre Salomón en 1948 y que tras su muerte, heredó Pablo. La alternativa que le dan es que “regale” acciones de la sociedad a un tercero o tercera que tenga el título de bioquímico.
Tras analizar los argumentos del amparo y la respuesta del Colegio profesional, la Cámara Civil de Villa María resolvió hacer lugar a la medida cautelar y en consecuencia, hacer saber al Colegio Profesional de Ciencias Bioquímicas de la Provincia de Córdoba que deberá abstenerse de exigir a la parte actora los recaudos exigidos por los artículos artículos 90 y 93 del Estatuto y artículo 4 del Reglamento interno, a los fines de la habilitación de la continuación y cambio de titularidad del laboratorio actor”. Precisa que esa medida es “siempre y cuando la dirección técnica del laboratorio recaiga sobre un/a profesional bioquímico/a autorizado/a.
De esta manera, el camarista Augusto Gabriel Cammisa, junto a la jueza de Primera Instancia María Alejandra Garay Moyano y la prosecretaria letrada Virginia Soler le dieron la razón al planteo judicial que presentó Gornitz.
Señalan también en la resolución, que la medida cautelar “estará vigente hasta tanto se dicte sentencia sobre el fondo o, bien, hasta que otros elementos de juicio ameriten un nuevo examen respecto de la procedencia, explicaron desde el laboratorio.
En el pedido presentado ante la Justicia el 26 de octubre, con la representación legal del abogado Alfonso Buteler, solicita que declaren inconstitucionales los artículos del estatuto y el reglamento interno del Colegio de Bioquímicos de Córdoba que exigen que sea un matriculado de esa institución el dueño o parte de la sociedad propietaria de los laboratorios.
En los fundamentos, Gornitz argumenta que el requisito que impone el Colegio “viola la garantía de razonabilidad, transgrede el derecho a trabajar y ejercer la industria lícita, viola el derecho de asociación y de contratar, también el de propiedad, transgrede el derecho a la intimidad y viola el principio de legalidad, transgrede el derecho a la salud y excede la competencia del Colegio demandado”.
Por su parte, la presidenta del Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba, Silvia Zamory, dijo a un medio provincial (La Voz del Interior) el laboratorio pide que se lo exima de cumplir con la normativa; pero como colegio nos damos nuestra propia normativa dentro de los marcos que fija la Provincia. Vamos a seguir exigiendo que un bioquímico sea el responsable con algún grado de vínculo con la propiedad”, dijo Zamory.
La ley
En medio de este planteo, cabe repasar una situación generada a nivel provincial con una ley que fue aprobada en la legislatura y luego vetada por el Poder Ejecutivo provincial. En esa ley, le daban el poder de policía al Colegio de Bioquímicos para actuar en los laboratorios, pero el veto les hizo dar marcha atrás.
Así lo explica en la presentación judicial el abogado Buteler: El decreto de veto formulado por el Poder Ejecutivo Provincial deja en claro que: a) el Colegio Profesional no puede ejercer poder de policía sobre instituciones, establecimientos, etcétera. Ello dado que es contrario a las facultades otorgadas a la Provincia, ya que esas facultades son ejercidas por el Ministerio de Salud, b) No corresponde exigir la titularidad o propiedad del laboratorio por parte de un profesional bioquímico. c) El Colegio no tiene competencia para la autorización de laboratorios y cambios de titularidad; siendo dicha potestad propia y exclusiva del Poder Ejecutivo.
Y agrega que ante el veto de la ley, el Colegio, de manera manifiestamente ilegítima y través de la normativa que aquí se cuestiona, estableció en sus estatutos la potestad para ingerir en las empresas, lo que finalmente fue rechazado por la Justicia de Villa María.
Fuente: El Diario
