(Washington).- Durante los últimos meses, la industria farmacéutica estadounidense ha dado marcha atrás o anunciado su intención de congelar subidas previamente anunciadas en el precio de algunos de sus medicamentos de prescripción. Lo que hace tiempo parecía impensable es el resultado de una batalla sin precedentes en el terreno legislativo.

Hasta julio de 2018, los legisladores estatales de Estados Unidos habían presentado más de 160 proyectos de ley con el objetivo de reducir los precios. En lo que va de año, 37 de esos proyectos se han aprobado en 24 estados, según resalta la National Academy for State Health Policy (NASH), un foro no partidista de legisladores estatales cuyo objetivo es analizar y contribuir a la implementación de soluciones innovadoras para los principales desafíos a los que se enfrenta la política sanitaria.

Los esfuerzos de los estados se producen en un momento de presiones de la Administración federal a la industria farmacéutica para que baje o congele precios. El coste de los medicamentos de prescripción fue una constante en las últimas elecciones presidenciales. La Casa Blanca publicó en mayo su propuesta para cumplir ese compromiso, pero muchas de las medidas anunciadas por Donald Trump dependen de un cambio en la legislación federal difícil de alcanzar. Ante esta situación, los estados han decidido actuar por su cuenta, en un movimiento muy similar al que ya hicieron en los años previos al Obamacare. El objetivo entonces era ampliar las coberturas de los seguros de salud; ahora, es reducir a toda costa el crecimiento del gasto farmacéutico de receta, que en Estados Unidos impacta especialmente sobre el bolsillo de los ciudadanos.

Ya en 2017, los legisladores registraron al menos un centenar de propuestas, de las cuales se aprobaron 27.

Abanico de estrategias

El abanico de estrategias diseñado por los legisladores (ver tabla adjunta) es amplio y se ha adaptado a la ardua batalla legal que la industria farmacéutica presenta para rebatir cada uno de los borradores recurriendo a la normativa federal.

Ante la imposibilidad de afectar directamente los precios, algunas de las leyes aprobadas han optado por orbitar en torno a la transparenciacon el objetivo generar en las compañías la suficiente presión como para que no lleven a cabo subidas de precios. Una de las vías ha sido la de acabar con la ‘Ley mordaza’ que impide a los farmacéuticos informar al paciente de la existencia de alternativas terapéuticas más baratas. Se han presentado 84 proyectos de ley. Un buen puñado de estados los aprobaron en 2017 y en lo que va de 2018 lo han ratificado otros 22. La transparencia de los precios per se es el eje de otro grupo de leyes. En los seis primeros meses de año, se han registrado 26 proyectos de ley que persiguen este objetivo, y cinco se han convertido en ley.

Otro de los caminos empleados para combatir los precios elevados es la importación de medicamentos de Canadá. En 2018, lo han aprobado ocho estados. Vermont fue el primero en promulgar un programa de adquisición cuidadosamente diseñado para cumplir con los requisitos federales. Otros estados lo han tomado como modelo, y falta por ver si Donald Trump también se fijará en él. Esta es una de las vías que contempla en su programa, y que sigue pendiente de elaboración de borrador.

Además de todo ello, se han presentado seis proyectos de ley para crear grupos de trabajo o paneles de expertos encargados de estudiar y proponer soluciones al problema de los precios de los medicamentos con receta en USA, y luego traducir esas propuestas en recomendaciones de acciones legislativas, reglamentarias o administrativas. Un número igual de iniciativas tiene como objeto la creación de una comisión que establezca topes de pago para algunos medicamentos. Otros cuatro estados han registrado proyectos para obligar a las agencias estatales a explorar distintos enfoques que permitan obtener ahorros a la hora de adquirir medicamentos. Por último, varios estados pretenden recoger en su ordenamiento jurídico la posibilidad de emprender acciones legales e imponer sanciones a las compañías que aumenten drásticamente sus precios en períodos de tiempo específicos. Hasta la fecha se han presentado 12 proyectos. Sólo uno de ellos ha sido aprobado —en Maryland— y se encuentra recurrido por la industria farmacéutica ante un tribunal federal.

De California a Oklahoma

Esta ofensiva legislativa ya ha comenzado a tener su efecto. A lo largo de 2018, en diversos estados, varias compañías farmacéuticas se han visto forzadas a anunciar con antelación su decisión de llevar a cabo subidas en los precios de algunos de sus medicamentos, y posteriormente han dado marcha atrás a su decisión. Quizá el caso más paradigmático sea el de California, un estado que se ha ganado a pulso el ‘liderazgo’ en la lucha contra los precios elevados.

Gracias a la entrada en vigor, el 1 de enero de este año, de una ley de transparencia aprobada el pasado mes de octubre, en California se ha hecho pública la notificación anticipada de alzas de hasta el 63 por ciento en los precios de algunos medicamentos. Es la primera pata de una legislación que aún tiene partes por implementar. En octubre, el estado tendrá acceso a información sobre los precios e incrementos agregados registrados por los 25 medicamentos más recetados. Y desde enero de 2019, si ningún recurso ante un tribunal federal lo remedia, podría lanzarse la primera base de datos pública sobre esos aumentos de precios.

Si California puede considerarse como el estado pionero a la hora de plantear medidas de transparencia a la industria farmacéutica estadounidense, Oklahoma podría ocupar un puesto similar en materia de negociación de precios. Allí, las autoridades han iniciado una táctica pionera en USA —y un nuevo frente legal con la industria— para negociar precios en base a la eficacia.

En junio, las autoridades estatales recibieron la aprobación para permitir a Medicaid —el programa federal/estatal que ayuda a sufragar los costes médicos para personas con menos recursos— tener en cuenta la efectividad de un medicamento recetado a la hora de pagar al fabricante. El primer contrato se firmó para un tratamiento inyectado contra la esquizofrenia y se están negociando otros dos, uno para un antibiótico y otro para un antiepiléptico, según informa la agencia Reuters.

Se da la circunstancia de que otra de las propuestas que Donald Trump ha incluido en su proyecto para reducir el precio de los medicamentos de prescripción es permitir que agencias, como Medicaid, excluyan del reembolso ciertos productos, como medida de presión. Toda vez que los estados no tienen claro cómo hacerlo sin cambios en la ley federal, la medida de Oklahoma está diseñada para dar al estado una capacidad de negociación que hasta ahora no existía.

Esto no ha pasado desapercibido en otros estados, que ya han iniciado consultas para importar esta práctica. Michigan parece el más dispuesto a convertirse en el primero que haga el benchmarking. Sus autoridades han anunciado que están trabajando en los detalles de un programa similar, como paso previo a solicitar su aprobación.

Fuente: El Global