Mala Praxis Profesional
La Responsabilidad Civil de los Contadores. Por el Dr. Alberto A. Alvarellos*

Antes de dar inicio a mi presentación deseo realizar dos advertencias previas:
La primera de ellas, aludimos a estos profesionales de las ciencias económicas haciendo referencia -con los límites que indica el espacio asignado- a su labor en tres actividades especiales: como asesor contable de empresas o como responsable ejecutor de la contabilidad de las mismas; como auditor y como síndico de sociedades anónimas.

No nos referiremos al contador como síndico concursal y tampoco haremos alusión a estos profesionales en tanto integrantes de grandes estudios que conforman verdaderas corporaciones.

La segunda:  como es sabido, el Derecho se nutre de diversas fuentes (la ley, la jurisprudencia, la doctrina de los autores, la costumbre). Se ha dicho que la jurisprudencia constituye la manifestación viva del Derecho porque, en definitiva, son los jueces quienes, aplicando la ley al caso concreto, resuelven los conflictos que llegan a su conocimiento. Con respecto al tema que nos ocupa, la jurisprudencia está prácticamente ausente: en nuestro país son muy pocos -por no decir que no existen- los fallos judiciales sobre responsabilidad civil de los contadores. En consecuencia, trataremos aquí de aplicar algunos preceptos legales y principios doctrinarios a la labor cotidiana de estos profesionales.

La responsabilidad civil, la obligación de responder, significa dar cada uno cuenta de sus actos en tanto de ellos se haya derivado un daño a terceros. En otras palabras, consiste en reparar, mediante una indemnización, los perjuicios causados.

Los contadores se vinculan con sus clientes, principales potenciales perjudicados por una mala praxis de esos profesionales, a través de un contrato, que bien puede ser una locación de obra o una locación de servicios o, como se ha dicho en forma genérica, un contrato de prestación de servicios profesionales. De ello se deduce que su responsabilidad es de naturaleza contractual. Sin embargo, pueden existir supuestos de responsabilidad extracontractual tal como sería el daño causado al Estado por instrumentar -o ayudar a- una evasión impositiva;  o a terceros, inducidos a contratar con determinada empresa o a realizar inversiones en determinados fondos en base a dictámenes de auditoría que dan cuenta de una promisoria situación financiera que no es tal.

En cuanto a las obligaciones asumidas por los contadores, en cualquiera de las actividades que estamos analizando, las mismas son calificadas, en general, como obligaciones de medios. Es decir, el profesional libera su responsabilidad demostrando que puso todo su empeño, su diligencia y su pericia en el cometido de la labor encomendada (por ejemplo, el síndico societario que, pese a su escrupuloso control, no ha podido detectar un fraude cometido por algunos gerentes con la complicidad de proveedores y empleados de la empresa). Y también asume obligaciones de resultado, como la oportuna presentación de balances o de declaraciones impositivas. En estos casos, sólo liberará la responsabilidad que se le impute demostrando la llamada culpa ajena. Es decir, del  propio damnificado o de un tercero por quien no deba responder.

La responsabilidad civil se configura con la concurrencia de cuatro elementos: antijuridicidad (un hecho que infringe un deber jurídico); daño; la relación de causalidad entre ambos y un factor de atribución de la responsabilidad (dolo o culpa).

Pesan sobre los contadores diversos deberes que surgen de las leyes que rigen la profesión como de los Códigos de Ética dictados por los colegios profesionales. Mencionamos entre ellos: secreto profesional; fidelidad y honestidad; información al cliente; asesoramiento o consejo; actuación profesional diligente; actualización profesional; deber de reducir los riesgos del cliente. 

Entre esta nómina adquiere una particular relevancia el deber de secreto profesional a la luz de lo dispuesto por la ley 25.246, que modificó el Código Penal para incorporar el delito de lavado de activos de origen delictivo, y en su art. 20, entre los obligados a informar situaciones sospechosas, incluye a "los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas" quienes, además, deberán "abstenerse de relevar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la presente ley". La ley configura un potencial conflicto que debe ser analizado en cada caso.

El daño, aunque cronológicamente, es el último factor de la responsabilidad civil en manifestarse, es, en verdad el primero. Y ello es así porque sin perjuicio no hay responsabilidad civil. Sin daño, no habrá responsabilidad civil porque nadie podrá acudir ante el juez a reclamar el pago de la indemnización de un perjuicio que no ha sufrido. Siguiendo con el ejemplo del secreto profesional, el contador que divulgare un secreto al que ha accedido por razón de su profesión, responderá civilmente sólo si ha causado un daño. En cambio, su responsabilidad penal, por ser un delito de peligro, quedará configurada con la sola posibilidad de ello: bastará con que la divulgación "pueda causar daño", dice el art. 156, Código Penal.

Debe existir, además, entre el hecho y el daño una relación de causalidad adecuada. Los síndicos societarios, por ejemplo, responden junto con los administradores por los daños causados a la sociedad, los accionistas y los terceros, "cuando el daño no se hubiera producido si hubieren actuado de conformidad con lo establecido en ley, estatutos, reglamentos o decisiones asamblearias" (cf. art. 297, ley 19.550)

Finalmente, el contador deberá responder si hubiera obrado con dolo o con culpa. Es decir, si se acredita que el daño se produjo por el intencional desempeño ilícito del profesional o porque éste actuó con negligencia, impericia o imprudencia.

Dado que no es frecuente el obrar doloso, nos detenemos brevemente en la configuración de la culpa, caracterizada por la ausencia de intención maléfica, la omisión de la conducta debida, la imputabilidad del autor y la previsibilidad del resultado. 

Llamado a juzgar sobre el desempeño de un contador, el juez considerará cómo ha obrado éste y lo comparará con la actuación que, en el mismo caso, habría tenido otro profesional de la misma clase actuando correctamente y, en base a ello dictará su sentencia, absolutoria o condenatoria según resulte de dicha comparación.

El tema es por demás amplio. Hemos procurado dar algunas pautas básicas en estas breves consideraciones.

* Ex Docente Universitario de Práctica Forense (1985-88), UBA; Mediación Workshop Harvard Negotiation Project Conflict Management Inc. Cambridge, USA, (1996); Master en Derecho Empresario (UP), 1998; Postgrado en Derecho de Daños (Universidad de Salamanca), 2001; Ex Docente del Postgrado de Derecho Bancario, (USAL). Conferenciante sobre Derecho de Seguros, Derecho de Daños y Responsabilidad Profesional. Autor de diversos trabajos sobre Seguros y Responsabilidad Civil.