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ART ¿Por qué pagar más ? Por la Dra. Laura Cetera

Sin lugar a dudas la problemática verificada en los últimos 10 años respecto del incremento de la litigiosidad judicial derivada de accidentes y enfermedades profesionales – que colapsó el sistema judicial – y la tendencia alcista en la determinación judicial  de las indemnizaciones laborales implica un inevitable incremento de los costos laborales en el país.-

Los fallos con condenas imprevisibles e imponderables en materia de reparaciones laborales por contingencias laborales alejan la intención de inversión y favorecen el detraimiento de la actividad productiva nacional.

Un reciente fallo de la CSJN permite inferir las claras intenciones del Máximo Tribunal sobre mostrar a la Argentina como un país atractivo, previsible y con seguridad jurídica para inversiones extranjeras.

Con el fallo FONTANA MARIANA ANDREA C/ BRINK’S ARGENTINA SA Y OTRO S/ ACCIDENTE  de fecha 3/10/2017, la CSJN le dijo a la CÁMARA LABORAL de la CAPITAL FEDERAL que si bien la determinación del monto de condena no suscita cuestión federal, la tacha de arbitrariedad resulta procedente cuando la solución no se encuentra debidamente fundada. Tal situación es la que verifica la CSJN en el fallo dictado por la SALA III dado que la juez se limitó a fijar dogmáticamente la indemnización sin proporcionar ningún tipo de fundamentación o cálculo que le otorgue a la decisión judicial sustento válido, dado que elevó el monto de condena a una suma cercana al triple de lo que la actora había solicitado, sin fundamento alguno, exhibiendo una orfandad de sustento (sic) incluso para la aplicación de los intereses desde la fecha de la contingencia.

El fallo de la CSJN resulta de sumo valor como precedente judicial, reconociendo el carácter de sentencia arbitraria cuando se ve violado el derecho a una sentencia justa  fundada en ley y el derecho de propiedad, como así también recordando al magistrado de grado el límite a la actuación “extra petita” en materia de sumas indemnizatorias. La solución jurídica para que sea justa debe ser razonable, y la razonabilidad es lo opuesto a la arbitrariedad.

En este orden de ideas, desde el dictado de la ley 26.773 (2012) la tendencia judicial mayoritaria fue hacia una interpretación errada de la ley  que promovía la aplicación del ÍNDICE RIPTE a las INDEMNIZACIONES JUDICIALES A PAGAR, esta interpretación – intencionada o no -  incentivaba al incremento de los costos laborales, obligando a los empleadores a pagar seguros más caros. Estos incrementos de los costos de producción se trasladaban a precios finales que pagamos todos los consumidores (trabajadores, empresarios y funcionarios del poder judicial), dificultando la competitividad del País con el resto del mundo, y alejando a las inversiones de Empresas globales.

La CSJN ha atendido un importante número de quejas en tal sentido señalando con claridad -a través del fallo ESPOSITO- la manera de interpretar el cuerpo normativo de la ley 26.773, 1) APLICACIÓN TEMPORAL DE LA LEY 26.773, en donde ha señalado que dicha normativa se aplica para las contingencias laborales acaecidas desde el 26/10/2012 en adelante. 2) REAJUSTE DE LAS PRESTACIONES DINERARIAS, en donde ha señalado que solo son actualizables los montos mínimos y no así las prestaciones dinerarias que en cada caso deba pagar la ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO

Al mismo tiempo la CSJN ha marcado con claridad que los JUECES LABORALES NO PUEDEN AUMENTAR A SU ARBITRIO EL IMPORTE DE LAS REPARACIONES previstas en el sistema de reparaciones por accidentes y enfermedades profesionales. (Fallo Marando 12-9-2017).-

La decisión del Tribunal Superior anima a que el sector empresario ejerza de forma continua y permanente su responsabilidad empresarial exigiendo una correcta administración de justicia, que permita el desarrollo productivo del país, sin abusos ni corrupción.

Los precedentes judiciales recientemente dictados refuerzan la seguridad jurídica al marcar el camino que los jueces deben seguir al interpretar el conjunto normativo del sistema de riesgos del trabajo,  al mismo tiempo que permiten previsionar pasivos contingentes al sector asegurador y empresarial para el desarrollo del sector productivo y el mercado financiero.

Laura Cecilia Cetera, co titular del estudio jurídico CETERA & DI GIACOVO, abogados especialistas en seguros de ART.- www.cydgabogados.com.ar