Responsabilidad Profesional
El abogado y la responsabilidad de denunciar el fallecimiento de la parte. Por la Mgter. María Virginia Cáceres de Irigo

En un fallo reciente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H  (autos “Bani, Matías Gonzalo y otros c. C. M. E. s/ daños y perjuicios”, resolución del 14/11/2016) hizo lugar a la demanda de responsabilidad por daños y perjuicios deducida por los herederos del anterior letrado apoderado de su padre a causa de la declaración de caducidad de instancia dictada en un proceso con base en un accidente de tránsito en el que era parte.

Los hechos que motivaron la acción se vinculan con que el demandado, quien había actuado como letrado apoderado del causante, en un proceso de daños y perjuicios fundado en un accidente de tránsito, dejó sin impulso esta causa, de modo tal que determinó la  declaración de caducidad de instancia de la misma. El Tribunal, confirmando una resolución de primera instancia, entendió que el letrado tenía  responsabilidad profesional y como tal el deber de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados; ya que si bien no podía renunciar al mandato porque se había extinguido por el fallecimiento de la parte, ni tenía facultades para desistir del proceso, lo cierto es que el art. 53 del Código Procesal le imponía el deber de continuar ejerciendo los actos procesales necesarios hasta tanto los herederos tomaran la intervención que les corresponda. En este contexto, considera el Tribunal que era exigible al profesional denunciar en el proceso el fallecimiento del causante, a fin que se cite a sus herederos.

Del análisis de la causa original de daños y perjuicios resultaba que, si bien nunca se había alcanzado a habilitar la instancia en virtud de no haberse cumplido en debida forma con la mediación obligatoria, el último escrito suscripto por letrado demandado como apoderado había sido el de fecha 23 de mayo de 2008.  Luego de ello, la causa permaneció inactiva hasta que se pidió su desparalización y el tribunal decretó la caducidad de instancia el día 6 de julio de 2011.

Según se había acreditado el causante había fallecido justamente el día de la última actuación (23 de mayo de 2008) y ello fue conocido por el letrado demandado, ya que representó a sus herederos en la declaratoria que iniciaron  con fecha 22 de agosto de 2008. De ello se derivaba que una vez fallecido el cliente, el letrado continuó en contacto con el grupo familiar, interviniendo en el proceso sucesorio, por más de dos años, pero sin efectuar acto impulsorio alguno en las otras actuaciones, cuya perención finalmente se declaró.

Coincido con la solución propiciada a los presentes en el fallo comentado. Es que tal como lo señala el Tribunal al asumir la representación en un juicio, el abogado pone de su parte toda su ciencia y experiencia, y si quebranta los deberes que el ejercicio profesional le impone y a causa de ello ocasiona un daño a su cliente, debe indemnizarlo, por resultar un claro incumplimiento contractual (conf. Llambías, Obligaciones, Manual, p. 178; Jorge Mosset Iturraspe, Responsabilidad profesional del abogado por daños en el ejercicio de su misión, en la obra "Responsabilidad Civil. Doctrinas esenciales. Parte Especial", director Félix Trigo Represas, Ed. La Ley, 2007, T V, p.1043; ver responsabilidad contractual del abogado en Trigo Represas, Responsabilidad civil del abogado, Hammurabi, 1991 p. 113 y sgtes.).

Resultaba exigible al letrado que había tomado conocimiento del fallecimiento de la parte que representaba denunciar en el proceso esta circunstancia, aún cuando esta circunstancia hubiera hecho extinguir el mandato conferido a su favor. Esta obligación se imponía como una derivación lógica de la asunción de la representación de la parte en el proceso.  Hubiera bastado para salvar su responsabilidad profesional que comunicara el deceso al Tribunal y que notificara a los sucesores tal circunstancia para que estos decidieran que suerte debía correr el proceso. Al no hacerlo los privó de la posibilidad de decidir si continuar o no el mismo y les ocasionó un daño que debe ser resarcido.

Esta conclusión se encuentra incluso vigorizada en el caso bajo análisis en el que el letrado continuaba en contacto con los herederos, a quienes representaba en la sucesión del causante. No se advierten en consecuencia razones o motivos que justificaran su proceder.

Si bien invoca –aunque no acredita- el letrado que la decisión de los herederos era abandonar el proceso, lo cierto es que para salvar su responsabilidad profesional se imponía que se dejara constancia en el expediente que su representado había fallecido, para que se citara a los herederos a esa causa y pudieran estos expresar ante el Tribunal esta voluntad. Al no hacerlo asumió sobre sus espaldas las posibles consecuencias de su omisión, las que –como se advierte- de hecho se configuraron.

Es que tal como se ha resuelto en jurisprudencia citada en la causa que se analiza,  "la alegada decisión del cliente de no continuar la marcha de un proceso es insuficiente para justificar el accionar negligente del letrado patrocinante que dejó perimir la instancia porque una decisión de tal magnitud debió haberlo motivado a exigir la suscripción de un escrito desistiendo del proceso o en su caso instrumentar que quedaba relevado de las obligaciones a su cargo" (CNCivil, sala G, Z, M c. H L, L s/ daños y perjuicios-resp. prof. Abogados, 12/02/2014, ED 257-250, AR/JUR/25078/2014).  No es suficiente invocar que el cliente (en este caso los herederos de su cliente) no deseaban continuar el proceso, era menester hacer constar – por los carriles procesales adecuados- tal decisión en el proceso.  Aún en el caso de no obtener por escrito tal declaración de los herederos, era suficiente con denunciar (y acreditar) el fallecimiento al Tribunal para dejar a salvo su responsabilidad.-

Debemos tener presente que cuando un letrado asume la dirección de un proceso no se limita las obligaciones que pesan sobre su cabeza a preparar y presentar los escritos pertinentes, sino que resulta exigible cumplir con todas aquellas actuaciones que aseguren el normal desenvolvimiento del mismo, entre la que podemos mencionar –sin dudas- la de denunciar el fallecimiento de  la parte que representa.

El segundo párrafo del artículo 1333 del nuevo Código Civil y Comercial prevé expresamente que “...si se produce la muerte o incapacidad del mandante, el mandatario debe ejecutar los actos de conservación si hay peligro  en la demora, excepto instrucciones expresas en contrario de los herederos o representantes”. Huelga aclarar que resulta aconsejable que estas instrucciones -en casos como el que nos ocupa- sean dadas por escrito para que pueda el letrado dejar a salvo su responsabilidad acreditando que los herederos le han dado la instrucción de abandonar la causa.

A la luz de todo lo analizado, comparto la solución propiciada por el Tribunal respecto a que el demandado no había cumplido con la conducta que era debida y esperable en función de la responsabilidad asumida al aceptar la representación en juicio. En este contexto, debía tal como se resolvió reparar los daños producidos a los herederos por la declaración de caducidad de la causa, los que en la causa se limitaron al daño moral generado.-

En conclusión resulta siempre exigible al abogado que, ante la muerte de la parte a la que representa, haga la denuncia respectiva ante el Tribunal a fin de que se cite a los herederos para que decidan qué es lo que mejor para sus intereses.- De no hacerlo debe saber que asume la responsabilidad por las eventuales consecuencias que el abandono del proceso puede ocasionar.-