Ciber Responsabilidad
Big Data e IA en Medicina: debates legales en responsabilidad profesional

(Madrid).- Expertos coinciden en esta idea durante la segunda jornada REShE organizada por Sham, una empresa española de seguros y gestión de riesgos. El desarrollo tecnológico ha posibilitado a lo largo de la historia los avances en medicina. Sin embargo, los nuevos descubrimientos, como el Big Data o la Inteligencia Artificial (IA), que han permitido que máquinas o algoritmos lleguen a extraer conclusiones y resultados por sí mismas, “no funcionarán bien si lo que intenta es reemplazar al ser humano”.

“Somos demasiado complejos. Las nuevas técnicas son una receta para dar respuestas a problemas concretos”, pero no un sustituto, según Íñigo de Miguel, de De Lorenzo Abogados.

En cuanto a los debates en torno a la responsabilidad profesional que trae consigo la irrupción de este tipo de tecnologías, De Miguel ha reconocido que el uso de máquinas inteligentes capaces de tomar decisiones “reduce la responsabilidad del médico”, aunque la actual legislación al respecto sostiene que ningún paciente “puede ser sujeto de una acción meramente automatizada”. Así lo ha explicado durante su intervención en la ponencia, moderada por Jaime Noguera, responsable jurídico de Sham, dedicada a reflexionar sobre la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea y que se ha celebrado durante el segundo encuentro de la Red Externa de Sham en España (REShE).

Del mismo modo, ha señalado que los nuevos medios tecnológicos disponibles están orientados a resolver el problema de la medicina: el tiempo. “Esta tecnología no va a tanto de mejorar la calidad de la asistencia sanitaria sino ahorrar tiempo”.
Por otro lado, el abogado también se ha referido a los actuales desafíos en el tratamiento de datos de personas fallecidas. “En el momento que uno fallece deja de ser persona y, por lo tanto, deja de tener ciertos derechos, porque el Derecho siempre se ha construido en relación a la persona”. De este modo, los datos de los fallecidos no se consideran legalmente como “datos personales”. En este sentido, el mayor desafío es salvaguardar “los intereses póstumos” cuando existe algún tipo de proceso judicial en el que una persona fallecida se ve involucrada que, lógicamente, carece de la capacidad de defender por sí misma de manera activa.

Una inversión

Sobre Big Data ha centrado su intervención Bernardo Ybarra de Muñoz Arribas Abogados, quien ha insistido en que debe entenderse como una “inversión” cuya implementación en los sistemas sanitarios cuenta con múltiples beneficios. Permitiría, entre otras cosas, mejorar el diagnóstico de enfermedades y su posterior tratamiento, impulsar los mecanismos de prevención, reducir las estancias hospitalarias y los costes de la sanidad a través de “recursos que revierten al sistema sanitario”.

No obstante, los datos de salud son “sensibles y de categoría especial” cuyo tratamiento está prohibido por principio, según ha recordado Ybarra, salvo las excepciones que recoge el artículo 9 del RGPD. Existen escenarios por los cuales se permite el uso de estos datos. A saber, que haya un consentimiento por parte del paciente, que sean consultados por un profesional sanitario bajo el amparo del secreto profesional, o por razones de interés público en el ámbito de la salud pública.

En este contexto, Rafael Gomáriz, jefe de la asesoría jurídica de CatSalut, ha reflexionado sobre la cesión de datos de pacientes a terceros -abogados, compañías aseguradoras, los propios servicios jurídicos de los hospitales, etc- en el marco de las reclamaciones patrimoniales y judiciales contra el hospital. En cualquier caso, ha advertido, “no es aceptable una petición masiva de datos” y, en este sentido, es recomendable la aplicación del principio de minimización de datos.
Este fundamento defiende que, en cualquier caso, el acceso a la historia clínica por cualquiera de las partes implicadas en el proceso de una reclamación de un paciente a un hospital “debe ser pertinente y limitado en relación a la finalidad”. De este modo, bajo ningún concepto se debe posibilitar “un acceso indiscriminado a la historia clínica”.

Fuente: Redacción Médica