(Buenos Aires).- Salta, Córdoba, Mendoza, la Ciudad de Buenos Aires y hasta en Tigre, el reconocimiento facial con fines de seguridad pública se extiende por el territorio argentino sin que las autoridades hayan realizado las evaluaciones correspondientes sobre su impacto en los derechos humanos de los ciudadanos.
La implementación de este tipo de herramientas se realiza en un contexto caracterizado por marcos regulatorios desactualizados, información insuficiente sobre las operaciones de compra de esta tecnología y la posibilidad de que su uso se vuelva más habitual en la estrategia de los gobiernos contra la inseguridad.
La construcción de políticas públicas no puede pensarse desde la solución para luego identificar el problema que se busca resolver. En aquellos lugares donde se utiliza el reconocimiento facial, se deberían haber estipulado con evidencia empírica las medidas que menos interfieran y desgasten los derechos fundamentales, para luego descartarlas si no fueran útiles, reflexiona Eduardo Ferreyra, oficial de proyecto de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), que impulsa Con mi cara no, una iniciativa que busca concientizar sobre el reconocimiento facial.
Los riesgos del reconocimiento facial en Argentina y el mundo El impacto en los derechos humanos, la desactualización de los marcos regulatorios vigentes, la falta de transparencia en la industria de la vigilancia y su rol en las estrategias de la política criminal del Poder Ejecutivo, son algunas cuestiones que deberían impulsar el rechazo de esta tecnología. La posición de la ONU y los antecedentes en Estados Unidos y el Reino Unido. www.adc.org.ar
El Poder Legislativo es clave para limitar y prohibir posibles abusos del reconocimiento facial. Por eso, desde la ADC reafirmamos la necesidad de la discusión pública sobre el uso de esta tecnología. Es importante que exista un debate amplio sobre los aspectos esenciales vinculados al mismo, en un ámbito en el que se puedan convocar expertos y múltiples voces, para definir qué implican las actividades de vigilancia masiva en cualquier espacio público y su interferencia con los derechos fundamentales completa Ferreyra.
Panorama Mundial
Los peligros del reconocimiento facial han sido señalados en diferentes ocasiones. En junio de 2019, el Relator Especial de las Naciones Unidas por el derecho a la libertad de expresión expuso frente al Consejo de los Derechos Humanos la necesidad de que los Estados establezcan moratorias inmediatas al uso de las tecnologías de vigilancia, como el reconocimiento facial, hasta que se sancionen regulaciones ajustadas al marco de los derechos humanos. Entre 2019 y 2020, ciudades de Estados Unidos como San Francisco, Berkeley, Oakland, Alameda, Easthampton, Boston, Springfield, Cambridge, Northampton, Brookline y Somerville aprobaron regulaciones locales para impedir que las fuerzas de seguridad utilicen tecnologías biométricas para vigilar el espacio público. Además, en el Estado de California una ley prohibió el uso de las cámaras colocadas en los chalecos de los oficiales de policía.
En tanto que en agosto del año pasado, la Corte de Apelaciones del Reino Unido falló a favor de una demanda contra el uso del reconocimiento facial en vivo por parte de la Policía de Gales del Sur: estableció que esta tecnología es más invasiva que la simple captura de fotografías o el uso de cámaras de videovigilancia.
En este sentido, determinó que no existen actualmente los marcos jurídicos necesarios para que sea utilizada por las fuerzas de seguridad y que la implementación se realizó sin cumplir correctamente con las evaluaciones del impacto en la privacidad y los sesgos del sistema.
Acerca de ADC
Desde su creación en 1995, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) trabaja en la defensa y promoción de los derechos civiles y humanos en América Latina, en la búsqueda de una sociedad más democrática, inclusiva y respetuosa del Estado de Derecho, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad.
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