(Quito).- El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Santiago Carrasco, rechazó la mañana de este viernes los pedidos masivos de prueba PCR en instituciones en general y consideró que ante el actual registro de positividad del COVID-19 en Ecuador, que alcanza el 54 % según el Ministerio de Salud Pública (MSP), la detección del virus debería hacerse a través de un diagnóstico clínico.
En un rueda de prensa conjunta con dirigentes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y de otras entidades ligadas al campo educativo, el presidente del gremio médico subrayó que el país debería priorizar las pruebas para los pacientes graves con riesgo de muerte, aparte de que el costo sería difícil de cubrir para los núcleos familiares.
La semana pasada, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) fijó en $ 45,08 el precio de la prueba RT-PCR, como techo. El problema es el costo, empezó con $ 170, luego $ 90 (...), estamos diciendo ‘el Estado tiene que garantizar el acceso a esas pruebas’. Hagamos diagnóstico clínico, con preguntas básicas, si ese paciente viene de una zona caliente donde está circulando el virus o ha estado en contacto con infectados, ahí el 80 % o 90 % es probable que tenga el virus y le evitamos pagar una prueba, argumentó Carrasco, y pidió sumar puntos de triaje con este propósito.
En la convocatoria vía Zoom, los intervinientes rechazaron la presencialidad en las aulas. Carrasco sostuvo que si bien se trata de un grupo etario que no registra tanta afectación por el virus y que generalmente es asintomático, había la evidencia en otros pacientes en edad escolar con síntomas graves ante las variantes del COVID-19, además de la probabilidad latente de llevar el virus a casa e infectar a miembros de la familia considerados vulnerables. Remarcó que el gremio mantiene la postura de que es “inoportuno” la presencialidad en las aulas.
La presidenta de la UNE, Isabel Vargas, consideró que no había garantías en cuanto a la infraestructura escolar. Aseguró que hay profesores que tienen aulas con 40 estudiantes o déficit de baterías sanitarias. Exigió que en el régimen Costa el periodo lectivo 2021-2022 termine en la modalidad virtual debido a la acelerada propagación de la variante ómicron y el registro en Guayaquil de 10 muertos diariamente debido al virus.
Expuso que la UNE conoció que la semana pasada en Guayaquil unos 400 profesores se habrían contagiado y que en el resto del país la cifra sería similar. Comentó que el 90 % de los docentes se ha aplicado dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 y que el 80 % va por la tercera dosis.
Remarcó que el Estado debe garantizar aulas con máximo 25 alumnos e incluso la dotación de mascarillas, para aliviar la situación económica de las familias. La presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), Scarlett Tamayo, y el dirigente de profesores politécnicos universitarios, Joselito Ordóñez, pidieron al Gobierno presupuesto para la educación. La primera señaló que no se oponen a la presencialidad en las aulas, pero sí demandan en estos momentos una postergación hasta conocer los picos reales de contagios. El segundo remarcó también que el costo de la prueba PRC era difícil de cubrir para las familias y pidió que el Estado garantice su acceso a ellas.
El lunes 17 está previsto que los centros educativos continúen con sus planes de clases presenciales voluntarias. Según los lineamientos del Ministerio de Educación, los colegios que hayan superado el 85 % de la población vacunada con la segunda dosis, entre grupo estudiantil y de docentes, podrán tener aforo de 2,5 metros de área por persona, con un distanciamiento de más de 1,5 metros en las aulas. Respecto a la movilización nacional que actores sociales convocan para el miércoles 19, la presidenta de la UNE dijo que apuestan por una postergación de la manifestación, ya que primero está “la vida”. (I)
Fuente: El Universo
